El proyecto de Majes Siguas II, para seguir adelante en su ejecución, requiere la aprobación de la adenda 13 del contrato. Esta adenda, en caso se apruebe, modificaría el sistema de riesgo de proyecto mediante una inversión de US$ 104 millones.
Este cambio representaría más del 15% de su inversión total, elevando su costo hasta los US$ 654 millones.
Cabe precisar que el consorcio Angostura Siguas, a cargo de Cobra, presentó una solicitud de caducidad del contrato de concesión de Majes Siguas II, debido a cuatro presuntos incumplimientos del mencionado contrato por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
Las observaciones serían subsanadas en caso se apruebe la adenda 13 del contrato.
A favor y en contra
La adenda 13 requiere ser elevada a votación mediante un dictamen de la comisión de Agricultura del Consejo Regional, conformada por tres miembros. Sin embargo, su presidente, Elmer Pinto, así como el consejero Edy Medina se encuentran en contra de su aprobación.
El consejero Harberth Zúñiga es el único integrante de la comisión que opinará a favor, informó el diario El Comercio.
“No permitiremos que la empresa Concesionaria Angostura Siguas, imponga por la fuerza y con apoyo de medios de difusión masivos modificaciones que perjudiquen a los agricultores y que solo beneficien claramente a la empresa”, señaló Pinto.
Por su parte, Medina criticó que el Gobierno Regional de Arequipa haya masificado su compromiso de aprobar la adenda 13 y que hayan adelantado compromisos que no le corresponden.
No obstante, Zúñiga indicó que elevaría un dictamen en minoría aprobando la adenda 13 en caso la comisión se opusiera.
De no aprobarse
En caso haya una decisión desfavorable con respecto a la adenda, el proyecto podría paralizarse, por lo menos, durante tres años.
“En caso caduque el contrato, el proyecto tiene que volver al GRA. Tanto el GRA como Proinversión deben hacer un nuevo proceso, el concurso, actualizar criterios técnicos en el contrato y eso tomaría tres años”, afirmó José Manuel Abastos, socio del estudio Hernández.
En su solicitud de caducidad del contrato, Cobra solicita el reconocimiento de US$ 200 mil por daños y perjuicios. La controversia se resolvería mediante un arbitraje ante el Ciadi.
Este proceso se daría en paralelo a la nueva licitación del proyecto.
“No habría ningún impedimento para que se lleve a cabo el concurso (porque) la caducidad ya se habría producido”, señaló Ronald Fernández Dávila, socio del estudio PPU.
El arbitraje también podría demorar tres años. “El Ciadi no necesariamente va a aceptar todo lo que Cobra va a pedir, sino que va a definir quién tuvo la culpa y establecer una penalidad. Esto demoraría tres años”, explicó Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Privado de Competitividad.
