Se trata de una planta fotovoltaica de 13 MWp, lo que marcará un hito en la infraestructura energética de Perú y contribuirá significativamente a la reducción de la huella de carbono y al impulso de la sostenibilidad energética.
Niagara Energy pertenece al fondo britácnico Actis y se especializa en la provisión de manufactura pesada para los mercados nucleares, petróleo y gas, según precisa en su página web.
El sector privado ha invertido en la industria hidrocarburífera peruana un total de 19,019 millones de dólares en el periodo comprendido entre 1993 al 2022, indicó el director de investigación de Gerens y exviceministro de Energía, Arturo Vásquez Cordano. Asimismo, refirió que el aporte del sector hidrocarburos al PBI nacional en los últimos 17 años, es cercano al 2% anual en promedio. Así lo sostuvo durante la presentación del estudio “Análisis del impacto del sector hidrocarburos en la economía peruana”, en un evento organizado por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE). Durante la sesión, también se destacó el impacto de la inversión privada en el desarrollo de las actividades productivas en el sector hidrocarburos para el beneficio del país, como el aporte de 62,763 millones de soles en regalías desde el 2002 al 2022, así como el pago de 54,775 millones de soles por Impuesto a la Renta y otros tributos internos desde el 2005 al 2022. Vásquez Cordano explicó que las regiones del Perú donde operan las empresas hidrocarburíferas, también se han beneficiado con la transferencia de 45,373 millones de soles por concepto de canon y sobrecanon en el período desde 2004 hasta el 2023. Inversiones De otro lado, el director de investigación de Gerens refirió que un ejemplo de inversiones de las empresas privadas del sector, son las realizadas en la costa noroeste y el zócalo continental, donde destinaron 4,444 millones de dólares para la exploración y explotación entre 1993 y 2022. En esa línea, destacó que, en dicho periodo, la región de Piura recibió 8,110 millones de soles por concepto de canon y sobrecanon; mientras que Tumbes percibió 2,397 millones de soles. En ese sentido, explicó que con las regalías y retribuciones generadas por el sector hidrocarburos en la costa noroeste y zócalo continental en los últimos 22 años (30,580 millones de soles) se podría haber financiado diferentes obras públicas, tales como 402 Colegios de Alto Rendimiento (COAR); así como 4,943 postas médicas comunales para atención primaria. Asimismo, 185 hospitales regionales de alta complejidad; 57,338 kilómetros de caminos afirmados- vías de penetración; una carretera de 236 km modelo “Daniel Alcides Carrión”; o 5,365 kilómetros de carreteras asfaltadas. Licitaciones para atraer inversiones De otro lado, Vásquez destacó la importancia de promover licitaciones internacionales competitivas que maximicen la inversión para la exploración y explotación de hidrocarburos, y así generen máximo valor para la recaudación de regalías petroleras y gasíferas para el Estado, así como mayores transferencias por canon a las regiones.
El proyecto de la anhelada Nueva Carretera Central, futura autopista de cuatro carriles que unirá la costa y el centro del país, avanza a paso firme. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, dio inició a la elaboración del estudio definitivo de ingeniería (EDI) de la moderna vía. Con ello, se empezó a ejecutar la fase dos de la intervención, tras haberse concluido su estudio de perfil. El EDI contempla el sustento y detalles constructivos, especificaciones y cronogramas de la obra, extensiones y detalles de las vías, túneles y viaductos. Es decir, detallará las características finales de la autopista. “Esta es una obra emblemática, no solo por su cuantía, sino por los retos de ingeniería, pues se harán túneles y viaductos elevados. El viaje en la actual Carretera Central demora casi seis horas y en la nueva autopista solo tomará entre dos horas y media, teniendo un ahorro significativo de tiempo y combustible. Eso ayudará a potenciar la productividad y mejorar la competitividad de la sierra central y la Amazonía central”, sostuvo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Así lo manifestó el titular del MTC, junto a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, durante la ceremonia en la que se anunció el inicio de la elaboración del EDI y en la que también estuvo presente el embajador de Francia, Marc Giacomini. En esta actividad también se presentó el video 3D del Viaducto Lurín, infraestructura que incrementará la eficiencia de la Nueva Carretera Central. La directora de PMO Vias, Silmara de Assis, mostró una proyección de esta autopista que tendrá dos carriles en cada sentido con un separador central para evitar los choques frontales. Explicó también cómo el viaducto se insertará de manera amigable con el medio ambiente. Autopista de alta montaña Esta obra, que recorre las provincias Lima y Huarochirí, de la región Lima; y Yauli de la región Junín, no tiene precedentes en cuanto a su complejidad en ingeniería. Para su ejecución, el MTC cuenta con la asistencia técnica de la PMO Vías, Oficina de Gestión de Proyectos implementada en el marco del acuerdo gobierno a gobierno suscrito con el gobierno de Francia. Por contribuir al transporte seguro y eficiente de pasajeros y productos, la Nueva Carretera Central dinamizará la economía del país, reducirá los costos logísticos para el transporte de carga y facilitará la conexión con el aeropuerto y puerto del Callao, así como con el futuro puerto de Chancay. Además, abrirá nuevas oportunidades de desarrollo turístico para Huarochirí y el Valle del Mantaro y descongestionará la actual Carretera Central. Se ha proyectado una vía de 185 kilómetros de extensión con 4 carriles, un separador central, 33 kilómetros de túneles, 19 kilómetros de viaductos y muros de contención.
Con el objetivo de agilizar los procesos administrativos y regulatorios que contribuyan a viabilizar proyectos de inversión minera en el país, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) pondrá en marcha la primera etapa de la Ventanilla Única Digital Informativa (VUD), que brindará a los inversionistas herramientas de información para gestionar los permisos y autorizaciones necesarias de forma rápida y transparente. La VUD es liderada por el Minem, y participan el Ingemmet; el Senace y Sernanp (adscritos al Ministerio del Ambiente); el Ministerio de Cultura (Mincul), Sunarp, ANA y Serfor (adscritos al Midagri), Sucamec (adscritos al Mininter) y la Superintendencia de Bienes Nacionales (adscritos al Ministerio de Vivienda). “Esta primera etapa de la implementación de la VUD informativa estará relacionada a la exploración minera, mediante un trabajo coordinado entre las entidades participantes en el proceso de evaluación y resolución de permisos y autorizaciones necesarios para el desarrollo de proyectos mineros”, sostuvo Jorge Soto Yen, titular de la Dirección General de Minería (DGM) del Minem. Recordó que, desde la emisión del Decreto Supremo N.º 017-2023-EM, el Minem viene coordinando con todas las entidades involucradas para ir delineando el desarrollo e implementación de la VUD, donde se determinó que la primera fase estaría conformada por los procesos para autorizar la exploración minera. Soto Yen, explicó que esta primera fase se inicia desde el otorgamiento de una concesión minera por el Ingemmet, la aprobación de los instrumentos ambientales por la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros y, la autorización del inicio de exploraciones por la DGM. La segunda fase está conformada por los procesos para autorizar la explotación minera y la tercera fase por los procesos para otorgar una concesión de beneficio. “Las etapas que conformará la VUD informativa de exploración minera, tienen como objetivo orientar al inversionista minero respecto a los requisitos, tiempos, permisos y autorizaciones y canales para tramitar los mismos ante las autoridades competentes, generando con ello predictibilidad al administrado», puntualizó el titular de la DGM. Con la implementación de la VUD informativa en minería se busca facilitar al inversionista el desarrollo de la actividad de manera responsable, con mayor eficiencia, y agilizando los procesos administrativos, aportando además a las entidades competentes, en la identificación de la duplicación de trámites y las mejoras normativas que permitan dar celeridad a dichos procesos.
