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Congreso aprueba ley para que empresas de telefonía y electricidad retiren cables aéreos en desuso o mal estado

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La Comisión de Energía y Minas del Congreso, que preside el congresista Jorge Flores (AP), aprobó por insistencia el proyecto de Ley 109/2021-CR, en el que se propone la “Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país”, y que había sido observada por el Ejecutivo.


En ese sentido, esta ley establece la descontaminación ambiental mediante el retiro del cableado aéreo de los servicios de electricidad y de telecomunicaciones que se encuentren en mal estado o en desuso, a fin de garantizar la seguridad de la población y el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Esta medida se aplicará a las zonas urbanas, y para ello las empresas, en un plazo no mayor a 24 meses, contados desde el vigor de la presente ley, deben proceder al retiro de estos cables sin trasladar los costos del retiro en las tarifas pagadas por el público consumidor.


La supervisión del retiro del cableado queda sujeto a la previsión ambiental por parte de la entidad de fiscalización ambiental competente, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y sujeto también a la supervisión de las municipalidades provinciales y distritales.
Además, la norma establece que el incumplimiento de lo dispuesto (el retiro del cableado) constituye infracción muy grave y sancionable con multa impuesta por la autoridad competente de acuerdo al marco normativo.


El legislador Héctor Acuña Peralta, autor de la iniciativa, explicó la necesidad de incluir la participación de las empresas proveedoras y que se precise en la misma el plazo de 24 meses para hacer efectivo el retiro de la maraña de cables que se observan en las ciudades, de lo contrario la ley solo será letra muerta, advirtió. El tratamiento de costos le corresponderá establecer a los organismos reguladores, como Osinergmin u Osiptel, dijo.


De igual manera, la comisión se pronunció por que la norma no necesite pasar por un proceso de reglamentación, hecho que generalmente hace que las leyes aprobadas por el Congreso no se ejecuten ni cumplan su cometido.