De acuerdo con el informe “Lo que los inversionistas quieren saber: Energía en Latinoamérica”, de la consultora de riesgo soberano Fitch Rating, la retórica del presidente Pedro Castillo y su intento de nacionalizar o monetizar el campo de Camisea genera una preocupación crediticia.
“Una posible renegociación del contrato de licencia y las reglas de exportación de Camisea podría afectar negativamente al consorcio”, señala.
Como se recuerda, el Gobierno creó una comisión multisectorial que propone promover la masificación del gas. En ella se plantea, entre otros, renegociar los contratos para que los lotes 56 y 57 destinen su producción prioritariamente al mercado interno y ya no a la exportación, después del 2028.
Camisea es propiedad de Hunt Oil Perú con un 25.2%, Pluspetrol con un 44.8%, Tecpetrol con un 10.0% y Repsol S.A. (BBB/Estable) con un 10.0%.
El informe de Fitch consideró que el riesgo es material y se reflejará en la vigilancia negativa sobre el rating de Hunt Oil Perú, pese al entorno político inestable del Perú que probablemente retrase el intento de nacionalizar o renegociar contratos.
Ya a fines de setiembre del año pasado, la citada calificadora había anunciado que había colocado bajo vigilancia negativa el rating de Hunt Oil Perú reflejando el mayor riesgo regulatorio y político al que está expuesta esta compañía por la solicitud del Ejecutivo de renegociar el contrato de licencia del consorcio, informó Gestión.
