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Durante el evento PERÚ ENERGÍA 2025, el panel titulado “¿Tenemos los modelos de inversión más adecuados para la seguridad energética?” reunió a destacadas voces del sector energético nacional, quienes coincidieron en la urgente necesidad de revisar los actuales esquemas de inversión, planificación e institucionalidad para garantizar una transición energética justa y una seguridad energética sostenible. Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), enfatizó que el desarrollo de los hidrocarburos en Perú debe seguir un enfoque sostenible, considerando no solo el aporte económico, sino también la inclusión social y el respeto al medio ambiente. Cárdenas recordó que los hidrocarburos representan el 75% de la matriz energética del país, siendo el gas natural el componente principal (68%) y el petróleo el restante 7%. En ese sentido, subrayó que estos recursos seguirán siendo fundamentales durante la transición energética. “El país no puede darse el lujo de dejar de explorar. Si no lo hacemos, dependeremos del mercado internacional y su volatilidad de precios. Por eso, debemos trabajar con los recursos que ya tenemos, como el gas y el petróleo”, señaló. Además, reafirmó el compromiso del Viceministerio en fomentar un desarrollo sostenible del sector, priorizando la equidad social y energética. Por su parte, Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, cuestionó que el segmento de exploración y producción (upstream) no sea considerado como parte de los activos críticos nacionales, a diferencia del transporte y refinación. “El upstream es lo que le da vida a toda la cadena energética. Perupetro debería liderar la cruzada para que se reconozcan estas instalaciones como activos críticos”, indicó. Asimismo, advirtió deficiencias en el modelo contractual vigente que afectan la competitividad del sector, como el uso de marcadores internacionales inadecuados para calcular regalías y la inequidad en los plazos de pago entre contratos de licencia y de servicios. Erick García, exdirector general de Hidrocarburos, puso énfasis en las falencias del país en materia de almacenamiento energético. “Tenemos un desfase que limita nuestra capacidad de respuesta ante contingencias. La seguridad energética es una responsabilidad del Estado y no del sector privado”, afirmó. También propuso replicar el modelo del sistema eléctrico en el sector gasífero, con planificación estatal y un sistema de transporte de gas que sea asumido por todos los peruanos, como ocurre con la transmisión eléctrica. La directora de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, Janinne Delgado, advirtió sobre los crecientes riesgos que representa la informalidad en el sector GLP, especialmente en el downstream. “Más del 40% de las actividades en el sector eran informales incluso antes de la pandemia. Hoy esa cifra ha crecido y no hay una entidad que lidere de forma clara la lucha contra estas prácticas”, lamentó. Además, recordó el trágico incidente de Villa El Salvador como una muestra de las consecuencias de no aplicar cambios estructurales en la fiscalización y regulación del sector.

Durante el panel “Exploración, infraestructura y regulación: ¿Qué nos detiene y qué debemos reformular?”, realizado en el marco de PERÚ ENERGÍA 2025, destacados representantes del sector energético nacional coincidieron en que el estancamiento de la industria de hidrocarburos en el país obedece principalmente a trabas normativas, inestabilidad institucional y ausencia de incentivos efectivos para la inversión. Pedro Chira, presidente del Directorio de Perupetro, subrayó que la exploración de hidrocarburos en el país ha sido mínima desde 2014, producto de una legislación obsoleta y procesos administrativos excesivamente largos. “Colombia perfora alrededor de 40 pozos exploratorios por año, mientras Perú apenas alcanzó 15 en su mejor momento. Hoy, ni siquiera podemos hablar de reposición de reservas porque no hay actividad exploratoria real”, advirtió. Chira señaló que los permisos para iniciar operaciones, como los estudios de impacto ambiental, demoran entre cuatro y cinco años, pese a que el plazo legal debería ser de poco más de dos. En ese sentido, urgió una revisión integral de la Ley de Hidrocarburos de 1993 y destacó la necesidad de fortalecer institucionalmente a Perupetro, promoviendo una Ventanilla Única más eficiente para la tramitación de permisos. Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, coincidió en que las barreras legales deben ser las primeras en modificarse, empezando por la Ley del Canon. “El canon actual ha generado un mínimo de regalías de 20%, lo cual desincentiva la inversión”, explicó. Asimismo, pidió revisar el reglamento de regalías y el de calificación de empresas, señalando casos como el de PetroTal, que no fue calificada para el Lote 8 a pesar de ser la mayor productora del país. Gonzales también denunció que el Reglamento de Estabilidad Tributaria desnaturalizó un incentivo clave de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitía amortizar inversiones exploratorias con ingresos provenientes de lotes en explotación. “Esto ha reducido el interés de reinversión por parte de los contratistas”, afirmó. Desde el enfoque de sostenibilidad y gobernanza, Patricia Figueroa, gerente de Sostenibilidad de PetroTal, alertó sobre la necesidad de mayor articulación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos subnacionales. Asimismo, propuso declarar activos críticos a lotes de producción como el 95, con el fin de proteger la cadena de valor completa del sector. En esa línea, planteó una alianza público-privada (APP) para la gestión del Oleoducto Norperuano, ante la insuficiente capacidad de Petroperú de operarlo eficientemente. Por su parte, Oliver Stark, expresidente de Petroperú, hizo un llamado a reducir la injerencia política en la gestión de empresas públicas. Citó el caso del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara, cuya ejecución se extendió por más de una década debido a decisiones no técnicas. Stark propuso aplicar la Ley 30130 y vender el 49% de las acciones de Petroperú con un acuerdo de accionistas que permita al inversionista privado asumir la dirección operativa de la empresa. Finalmente, Alberto Varillas, socio de GSA, brindó un panorama crítico del retroceso del sector: “En 2009 teníamos 68 contratos de exploración; hoy, apenas cinco. La producción de petróleo ronda los 45 mil barriles diarios, cuando el mundo sigue demandando combustibles fósiles y proyecta un crecimiento hasta los 111 millones de barriles por día al 2045”, detalló. Varillas también denunció la alta rotación de autoridades como un obstáculo para cualquier política sostenida: tres presidentes de la República, ocho ministros de Energía y Minas y seis presidentes de Perupetro en solo cinco años.