La petrolera estatal sostiene en un reciente comunicado que, por ley, corresponde única y exclusivamente a la Contraloría General de la República «convocar a concurso público y seleccionar los servicios de auditoría financiera para Petroperú, utilizando para ello las bases elaboradas por la empresa con la aprobación de su junta general de accionistas».
Afirma la petrolera estatal que el concurso para el ejercicio 2021 «resultó desierto luego de ser convocado de manera anómalamente tardía el 30 de noviembre de 2021». Las bases para el mismo habían sido entregadas el 1 de julio. «La inentendible y anómala demora de cinco meses en la convocatoria, con la consiguiente ausencia de postores, viene ocasionando graves daños a la empresa incluyendo la rebaja de su calificación internacional de riesgo y el deterioro en la cotización internacional de sus bonos», explicaron.
La semana pasada, Fitch Ratings bajó las calificaciones de largo plazo en moneda local y extranjera de Petróleos del Perú (Petroperu S.A.) a ‘BBB-‘ de ‘BBB’. Fitch también rebajó las notas sénior no garantizadas de Petroperú a ‘BBB-‘ desde ‘BBB’. Su perspectiva, además, pasó a negativa.
La agencia calificadora de riesgo dijo que en Petroperú hay «falta de transparencia financiera de la empresa» y además la gobernanza está «debilitada, como lo demuestra el retraso significativo en la auditoría financiera de fin de año de 2021 de la empresa». Price Waterhouse Coopers (PwC) se negó a auditar a Petroperú.
«Petroperú lamenta la inoportuna decisión tomada arbitrariamente por la representación local de la prestigiosa firma internacional, particularmente porque se tomó luego de conocer el interés de la empresa en una posible transacción en el mercado global de capitales en el segundo semestre de 2022 y usando como justificación el pedido hecho por la Gerencia Corporativa de Finanzas para que se cambie la fecha de entrega de los informes del 30 de junio al 31 de mayo», dijo la empresa estatal.
Petroperú ha presentado ante la Contraloría una solicitud para la designación de otra firma auditora y está en conversaciones con la entidad en cuanto a la necesidad de adecuar las bases del nuevo concurso «a los tiempos y costos asociados a los procedimientos de auditoría que cualquier nueva firma tendría que conducir a raíz de todos los problemas ocurridos entre los meses de diciembre 2021 y marzo 2022 y que han sido materia de extensos y des informantes reportajes».
La empresa espera que el ente contralor haga caso a sus pedidos de adecuación de bases, en especial en cuanto a plazo y costo, a fin de que «el próximo concurso no resulte nuevamente desierto» pues «eso haría un daño aún mayor a su ya injustamente mancillada imagen como ente emisor en los mercados internacionales de capital».
