Durante el panel “Exploración, infraestructura y regulación: ¿Qué nos detiene y qué debemos reformular?”, realizado en el marco de PERÚ ENERGÍA 2025, destacados representantes del sector energético nacional coincidieron en que el estancamiento de la industria de hidrocarburos en el país obedece principalmente a trabas normativas, inestabilidad institucional y ausencia de incentivos efectivos para la inversión.
Pedro Chira, presidente del Directorio de Perupetro, subrayó que la exploración de hidrocarburos en el país ha sido mínima desde 2014, producto de una legislación obsoleta y procesos administrativos excesivamente largos. “Colombia perfora alrededor de 40 pozos exploratorios por año, mientras Perú apenas alcanzó 15 en su mejor momento. Hoy, ni siquiera podemos hablar de reposición de reservas porque no hay actividad exploratoria real”, advirtió.
Chira señaló que los permisos para iniciar operaciones, como los estudios de impacto ambiental, demoran entre cuatro y cinco años, pese a que el plazo legal debería ser de poco más de dos. En ese sentido, urgió una revisión integral de la Ley de Hidrocarburos de 1993 y destacó la necesidad de fortalecer institucionalmente a Perupetro, promoviendo una Ventanilla Única más eficiente para la tramitación de permisos.
Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, coincidió en que las barreras legales deben ser las primeras en modificarse, empezando por la Ley del Canon. “El canon actual ha generado un mínimo de regalías de 20%, lo cual desincentiva la inversión”, explicó. Asimismo, pidió revisar el reglamento de regalías y el de calificación de empresas, señalando casos como el de PetroTal, que no fue calificada para el Lote 8 a pesar de ser la mayor productora del país.
Gonzales también denunció que el Reglamento de Estabilidad Tributaria desnaturalizó un incentivo clave de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitía amortizar inversiones exploratorias con ingresos provenientes de lotes en explotación. “Esto ha reducido el interés de reinversión por parte de los contratistas”, afirmó.
Desde el enfoque de sostenibilidad y gobernanza, Patricia Figueroa, gerente de Sostenibilidad de PetroTal, alertó sobre la necesidad de mayor articulación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos subnacionales. Asimismo, propuso declarar activos críticos a lotes de producción como el 95, con el fin de proteger la cadena de valor completa del sector. En esa línea, planteó una alianza público-privada (APP) para la gestión del Oleoducto Norperuano, ante la insuficiente capacidad de Petroperú de operarlo eficientemente.
Por su parte, Oliver Stark, expresidente de Petroperú, hizo un llamado a reducir la injerencia política en la gestión de empresas públicas. Citó el caso del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara, cuya ejecución se extendió por más de una década debido a decisiones no técnicas. Stark propuso aplicar la Ley 30130 y vender el 49% de las acciones de Petroperú con un acuerdo de accionistas que permita al inversionista privado asumir la dirección operativa de la empresa.
Finalmente, Alberto Varillas, socio de GSA, brindó un panorama crítico del retroceso del sector: “En 2009 teníamos 68 contratos de exploración; hoy, apenas cinco. La producción de petróleo ronda los 45 mil barriles diarios, cuando el mundo sigue demandando combustibles fósiles y proyecta un crecimiento hasta los 111 millones de barriles por día al 2045”, detalló. Varillas también denunció la alta rotación de autoridades como un obstáculo para cualquier política sostenida: tres presidentes de la República, ocho ministros de Energía y Minas y seis presidentes de Perupetro en solo cinco años.
