En un comunicado, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), muy preocupadas, solicitaron que los procesos sancionatorios que el OEFA ha iniciado contra Pluspetrol Norte “se realicen dentro del debido proceso y respetando el resultado de los laudos arbitrales internacionales, para así garantizar la seguridad jurídica y predictibilidad de las inversiones”.
Bastante polvo ha levantado la gresca entre el organismo fiscalizador y la productora gasífera a raíz de la exigencia para la remediación de pasivos ambientales en la selva peruana, los cuales se habrían originado antes de que Pluspetrol inicie operaciones en el lote 8, en 1996, y en el lote 192, en el 2000.
“Sumado a lo anterior, el OEFA nos está exigiendo remediar los pasivos de forma ilegal y antitécnica. Por ejemplo, nos solicitan remediar los suelos dejándolos a nivel agrícola, lo cual no tiene sustento en la ley y supondría intervenciones peligrosas para el ecosistema amazónico. Este tipo de criterios no objetivos ha sido cuestionado por la OCDE”, argumentó anteriormente la empresa argentina.
La SPH y AmCham recordaron que existe un arbitraje internacional, cuyo resultado confirmó que Pluspetrol no había asumido contractualmente responsabilidad alguna por pasivos preexistentes a su operación. En esa misma línea, subrayaron que toda empresa afiliada a ambas instituciones está sujeta al estricto cumplimiento de las normas y estándares ambientales nacionales e internacionales.
“El sector hidrocarburos tiene un alto compromiso con el respeto del ambiente, la protección de la biodiversidad y el desarrollo económico y social de las comunidades, como condiciones fundamentales para un desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales”, argumentaron los gremios peruanos de hidrocarburos y comercio.
Pluspetrol criticó que el OEFA, mediante una resolución emitida en julio, se autofacultó a imponerle dos multas por US$76 millones si no aceptaba la exigencia de remediar los pasivos ambientales. Desde aquel entonces, las multas han ido acumulándose, sumando 69 multas coercitivas, puestas a un ritmo promedio de alrededor de US$2 millones por semana.
Bajo este panorama, la SPH y AmCham defendieron que la predictibilidad y seguridad jurídica son fundamentales para garantizar la estabilidad de las inversiones y promover un adecuado clima de negocios que permita generar más empleo y mayor recaudación de tributos en beneficio de las regiones de nuestro país.
