Tres grandes proyectos de transmisión en alta tensión dados en concesión por ProInversión años atrás a fin de reforzar el transporte de la electricidad al interior del país, enfrentan retrasos debido a trabas que surgen del propio Gobierno.
Y en vista de que los ofrecimientos de solución a esos impasses por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta ahora no se concretan, las empresas a cargo de esos proyectos evalúan que el problema se resuelva en tribunales internacionales.
Así lo indicó a Gestión Carlos Mario Caro, presidente del Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
¿Qué proyectos se ven afectados?
El caso involucra a tres obras de líneas de transmisión: el proyecto Mantaro- Nueva Yanango – Huánuco, de 550 kilovoltios; el proyecto Yana Coya, que conecta a tres centrales hidroeléctricas, ambos de Consorcio Transmantaro; y el proyecto Tintaya-Azángaro, de la empresa Transmisión Eléctrica del Sur 4 S.A.C.
En este último caso, el proyecto ya está concluido y con retraso en su inicio, pues está a la espera ponerse en operación comercial desde julio último. En cuanto a los otros dos (adjudicados el 2018) tienen avances de obras por encima del 90%, refirió Caro. En conjunto, esas iniciativas suman inversiones por más de US$600 millones.
El problema surgió, según explicó, porque el Minem decidió este año que se apliquen procesos de consulta previa a proyectos de transmisión eléctrica que ya están en construcción, cuando lo lógico es que, como su nombre lo indica, ese trámite se tendría que aplicar en forma previa al inicio de ese tipo de proyectos.
Vale recordar que la consulta previa, cuyo trámite y ejecución (en los casos de proyectos minero-energéticos) lo debe llevar a cabo el Minem, se realiza durante la fase de elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA). Cuando ya se ha aprobado ese trámite y el respectivo EIA, recién las empresas pueden dar inicio a las obras de cada proyecto.
Posición del Minem
Sobre este tema, el viceministro de Electricidad, José Martín Dávila, afirmó que la consulta previa es un problema que ha surgido porque el Poder Judicial obliga a que se tenga que seguir dicho procedimiento en proyectos que se han ejecutado o que se están ejecutando en zonas donde haya comunidades nativas e indígenas.
Sobre este tema, el viceministro de Electricidad, José Martín Dávila, explicó que el Poder Judicial es quien obliga a que se tenga que seguir dicho procedimiento en proyectos que se han ejecutado o que se están ejecutando en zonas donde haya comunidades nativas e indígenas.
Durante su exposición en el evento de Perú Energía, Dávila reconoció que ese trámite constituye un problema para 3 proyectos que están las puertas de operar como, por ejemplo, el de la línea de transmisión de Tintaya – Azángaro, que ya está concluido y se espera que reciba energía en enero próximo.
“Estamos dando los lineamientos normativos para que, a partir de los proyectos que están en construcción pero con cero avance, tengan la consulta previa y jalar esa consulta al momento de desarrollo de los estudios de impacto ambiental, de forma que caminen en paralelo para evitar futuros problemas”, aseveró la autoridad.
Añadió que, “a pesar de que hay muchas presiones de estamentos del estado, de terceros actores, nuestra propuesta es clara, el proyecto (Tintaya-Azángaro) debe energizarse porque va a atender la demanda”.
Demanda ante el CIADI
Al respecto, el presidente del comité eléctrico de la SNMPE aseguró que desde hace varias semanas, al consultar al Minem cómo se va a resolver el problema, reciben continuos ofrecimientos de ese ministerio para emitir una resolución que exceptúe a esos tres proyectos de realizar la consulta previa.
Pero, en vista que hasta ahora no se emite la resolución que establezca tal excepción, es que -indicó Caro- las empresas afectadas están evaluando el plantear demandas contra el Estado y acudir a instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El argumentó según indicó, es que jurídicamente no podría aplicarse la consulta previa ya que las líneas de transmisión estaban en construcción (al momento que se dio esa nueva disposición) y, por tanto, dicho procedimiento se tendría que aplicar para futuros proyectos.
Además, explicó que la demora en la entrada de operación (del proyecto Tintaya-Azángaro) está generando ya pérdidas a la empresa y, además, está impidiendo que ese proyecto se conecte al sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN).
Cabe destacar que las inversiones en transmisión se incorporan al SEIN a partir de la culminación de su construcción y su entrada en operación comercial, y son pagados por los usuarios a través de un peaje de transmisión que se carga a las tarifas eléctricas.
Por su parte, el presidente del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), César Butrón, comentó a Gestión que, en efecto, hay tres proyectos adjudicados por ProInversión que están en construcción, que se están viendo afectados por la consulta previa.
“Ha surgido el tema de que hay sectores que quieren que se haga la consulta previa, el Ministerio del ambiente y otros; y el Ministerio de Energía y Minas no toma la decisión sobre si le corresponde o no hacer la consulta previa y eso está deteniendo todo”, aseveró.
Fuente: GESTIÓN
