Un convoy fluvial de la empresa RICSA con más de 10,000 barriles de petróleo crudo permanece inmovilizado en el río Corrientes, región Loreto, desde el 12 de abril.
Según la denuncia, un grupo de personas interceptó la embarcación y habría exigido el pago de hasta S/ 2 millones para liberar tanto a la nave como a los tripulantes.
El caso genera preocupación por el escalamiento del conflicto en la zona y por los riesgos que implica mantener una carga de crudo sin supervisión técnica, lo que podría derivar en un impacto ambiental en el río.
Hoy, lunes 27, durante un operativo orientado a liberar la barcaza retenida, un policía falleció tras recibir disparos registrados en las inmediaciones de la comunidad nativa Providencia, mientras que otro efectivo resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica.
El operativo se ejecutó en la madrugada ante la presunta comisión de delitos como secuestro, extorsión y retención de personas y embarcaciones en la zona.
Las comunidades indígenas vienen demandando desde hace semanas mayor presencia del Estado ante problemas de contaminación y atención vinculados a la actividad petrolera en el sector.