Tres trabajadores de Petroperú, junto al ciudadano que los trasladó a la zona de la contingencia del kilómetro 177 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano (ONP), se encuentran retenidos desde el 24 de octubre en la comunidad nativa Shoroya Nuevo, afiliada a la organización Gobierno Territorial Autónomo Chapra (GTACH) y ubicada a tres kilómetros de la contingencia, en el distrito de Morona, región Loreto, violando sus derechos humanos básicos de libertad y libre tránsito.
Cabe recordar que el personal de la empresa estatal ingresó acompañando a miembros del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en su labor de supervisión en el lugar, como parte de los compromisos asumidos con el GTACH, la que además declaró que brindaba las garantías para el ingreso. Los trabajadores del OEFA si pudieron retirarse del lugar.
La comunidad nativa Shoroya Nuevo ha condicionado la salida de los trabajadores retenidos a una serie de exigencias como el pago de jornales exorbitantes, la contratación sin proceso de selección de la empresa que avala la comunidad, así como el pago por supuestas labores de vigilancia que, según afirman, habrían realizado un grupo de pobladores en la zona de la contingencia desde el 10 de setiembre, no habiendo cumplido con remitir las evidencias de estas labores.
Petroperú, de forma transparente, ha informado reiteradamente que las labores de limpieza de la zona impactada estarán a cargo de la empresa CINVAL, la misma que ha sido seleccionada luego de un proceso que ha buscado las mejores propuestas operativas y económicas, en beneficio de la empresa y las comunidades.
En el marco del diálogo con las organizaciones indígenas, Petroperú suscribió un acta el día 13.10.2022 con los representantes del GTACH, las comunidades nativas y sus asesores en la ciudad de Lima, comprometiéndose a los acuerdos pactados, los mismos que viene cumpliendo. Por su parte, como ha sido mencionado, el GTACH se comprometió a garantizar la ejecución de los trabajos de atención de la contingencia a partir del 20 de octubre, labores que lamentablemente no se pueden iniciar debido a esta medida de fuerza.
En ese sentido, Petroperú exige a las autoridades comunales y a los pobladores de la comunidad nativa Shoroya Nuevo a liberar a los trabajadores retenidos y retomar el diálogo para proceder con la limpieza, remediación ambiental y otras actividades operativas en un clima de tranquilidad y paz social que garantice la integridad tanto del personal como de la población de la zona, en el marco de los derechos humanos.
Asimismo, se hace un llamado a las autoridades, para que de acuerdo con sus competencias y atribuciones intervengan a fin de recuperar el orden y la tranquilidad imprescindibles para continuar con los trabajos necesarios en la zona.
