En Chile, un país fuertemente importador de crudo, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un paquete de medidas transitorias para mitigar el impacto de los precios de los combustibles, marcado por el alza del barril de petróleo en torno al 55% debido al conflicto en Medio Oriente y disrupciones en el transporte del oro negro.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que la estrecha situación fiscal actual limita la capacidad de sostener el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que implicaría un costo fiscal significativo del orden de US$ 140 a US$ 160 millones por semana, y un acumulado de US$ 4.000 millones.
En primer lugar, se propone contener el precio del kerosene mediante el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), autorizando al Ministerio de Hacienda a incrementarlo hasta en US$ 60 millones, junto con la implementación de una fórmula transitoria de cálculo de impuestos y créditos fiscales. Esto permitirá mantener el precio del kerosene en niveles cercanos al promedio observado en febrero, evitando que continúe reflejando las alzas recientes derivadas del escenario internacional.
En segundo lugar, se establece un bono mensual de $ 100.000, por un periodo de seis meses, para los propietarios de taxis y colectivos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, lo que representa un esfuerzo fiscal estimado en $ 57.770 millones. Adicionalmente, el Ejecutivo va a incorporar la extensión de este beneficio a los buses escolares. Este beneficio deberá destinarse exclusivamente a la compra de combustibles y busca apoyar la continuidad del servicio.
Adicionalmente, el proyecto incorpora una medida transitoria que ajusta el beneficio que permite a ciertas empresas recuperar hasta el 100% del impuesto específico al diésel. La iniciativa reduce ese porcentaje de recuperación, equiparándolo al régimen aplicable a las empresas de transporte de carga, lo que permitirá generar mayores ingresos fiscales estimados en $ 124.463 millones durante su vigencia, contribuyendo a financiar estas medidas sin aumentar el gasto fiscal.
