“El gas no se va a agotar en Camisea, tiene gas por lo menos para 20 años. El problema es que dentro de 12 o 15 años comenzará a bajar su producción y no alcanzará para atender la demanda. Una cosa es tener reserva y otra tener capacidad de entrega”, dijo, a Correo, Luis Fernández, ex gerente de Promoción de Perupetro. La capacidad de entrega, agregó, empezará a fallar, llegando a 500 millones de pies cúbicos diarios en 2040, frente a una demanda proyectada de 800 millones en los próximos diez años, obligando a recurrir a importaciones de gas para completar la oferta.
Afirmó que el potencial de gas está en la selva y en muchos casos en áreas protegidas. “Se debe trabajar con el Ministerio del Ambiente para analizar cómo se puede modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para que las empresas petroleras, mineras, madereras, (sean) las que se encarguen de cuidarlas. Es decir, que sea compatible la explotación de recursos dentro de las áreas ajo el compromiso de cuidar el área protegida y todo lo que está a su alrededor”.
Respecto al tubo de redundancia para evitar la crisis energética en caso de una interrupción del gasoducto, Luis Fernández comentó que TGP nunca tuvo la obligación de construirlo y que su responsabilidad fue ampliar la capacidad de transporte. “Según lo estipulado en la propia adenda, al no ser aprobado el EIA, se buscó otras alternativas, hasta que en 2013 se acordó que la ampliación se haría con una estación de compresión en el KP 127, en Kiteni, que es la que hoy existe”.
Acerca de la Ley de Hidrocarburos, aclaró que “sigue siendo buena” y que se necesitan algunas modificaciones. “Por seguridad solo se debe tocar algunos puntos claves de la ley, como es el plazo de contratos, posibilidades de extensiones y el artículo 4, que dispone que toda norma debe ser emitida con la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. Tanto no se respeta este artículo que los gobiernos regionales crean áreas protegidas para evitar la actividad petrolera”.
