La demanda de GLP en el Perú ha venido creciendo sostenidamente en las últimas dos décadas, gracias a que es el combustible más usado por los hogares peruanos (70%), y tiene una presencia importante en el mercado automotor (20%), además de la industria; lo que ha llevado a que Perú sea el tercer país con mayor demanda en América del Sur, sólo por detrás de México y Brasil.
Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de una expansión de economías ilegales que distorsionan el mercado, afectan la seguridad de las familias y generan pérdidas por más de US$ 400 millones para el Estado en los últimos cinco años. En ese contexto se desarrolló la XV Conferencia Perú GLP 2026, donde especialistas analizaron el impacto de estas prácticas en toda la cadena de comercialización.
En el evento, Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), presentó la ponencia “Impacto de las economías ilegales en el mercado de GLP”, en la que expuso cifras que evidencian la magnitud del problema y planteó propuestas para fortalecer un entorno más seguro.
Según estimaciones elaboradas por GERENS para la SPGL, cerca del 58% del mercado de GLP envasado es informal o ilegal. Ello se refleja en el hecho que de los 28,888 locales de GLP que operan a nivel nacional, sólo 5,769 serían formales (19.97%), mientras que 16,715 operarían de manera informal o ilegal (57.86%). Siendo que el 60% de establecimientos no autorizados se concentrarían en cinco regiones: Arequipa, Puno, Cusco, Ayacucho y Lima.
En medio de este panorama, Pastor sostuvo que el país atraviesa una emergencia energética como consecuencia de la paralización de los sistemas que abastecen gas natural y líquidos de gas natural, situación que ha afectado directamente la producción de GLP.
“Hoy estamos frente a una situación de emergencia energética nacional. La suspensión de estos sistemas ha impactado en la producción de GLP y ha puesto en evidencia las limitaciones que aún tiene el país para responder ante contingencias en el abastecimiento de combustibles”, señaló Jovan Pastor, presidente de la SPGL.
Frente a este escenario, Pastor explicó que la coyuntura exige adoptar medidas inmediatas para garantizar la continuidad del abastecimiento, acciones que ya se vienen coordinando con las autoridades. No obstante, remarcó que el país también debe avanzar en soluciones estructurales que permitan fortalecer la seguridad energética en el mediano y largo plazo.
“Esta coyuntura demuestra que no solo debemos actuar con medidas de corto plazo para asegurar el abastecimiento, sino también avanzar en soluciones de fondo. En el país existen proyectos de infraestructura para almacenamiento de GLP que ya están planteados, pero que aún no se inician debido a la excesiva tramitología y a la falta de coordinación entre las distintas autoridades”, afirmó Pastor.
