La Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) notificó al Estado peruano el registro de la anulación contra el laudo emitido por el Tribunal Arbitral de fecha 20 de diciembre de 2024, en el marco del arbitraje internacional Caso CIADI ARB/18/26.
El Estado alegó que el Tribunal Arbitral tomó una decisión sin haber considerado la extensa prueba que demostraba la conducta criminal en la adjudicación entregada al consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Las empresas demandantes iniciaron un procedimiento de rectificación, basándose en que el Tribunal debió establecer que la metodología del cálculo de daños esté sujeta a los porcentajes de sus participaciones en tal consorcio.
El 23 de mayo de 2025, la Secretaría General del CIADI notificó al Estado la decisión de rectificación emitida por mayoría por el Tribunal Arbitral con voto disidente de uno de los árbitros. De esta manera, el Tribunal acogió por mayoría de sus miembros la solicitud de rectificación, e incrementó la indemnización ordenada en favor de las demandantes.
El Estado peruano, en conjunto con sus abogados externos, evaluó el laudo -incluyendo la decisión de rectificación-, y el pasado 30 de mayo, solicitó la anulación a la Secretaría General del CIADI. Junto a esta solicitud, el Estado solicitó adicionalmente la suspensión de ejecución del laudo. En virtud de lo anterior, el 2 de junio, la Secretaría General notificó a las partes el registro de la solicitud de anulación y la suspensión de la ejecución del laudo.
El inicio del procedimiento de anulación contra este laudo representa la continuación de una búsqueda incansable del Estado en lograr una adecuada administración de justicia en el sistema de solución de controversias inversionista-Estado, la prevalencia de los principios de derecho internacional público y la protección de las políticas públicas de la lucha contra la corrupción, en aras de resguardar los altos intereses del Perú.
