Perupetro realizó la instalación de las juntas de administración de los Fondos de Desarrollo Social de los Lotes V y X, ubicados en Talara, mecanismo que permitirá financiar los proyectos de desarrollo priorizados por la población ubicada en el área del contrato de licencia.
El Fondo de Desarrollo Social se encuentra establecido en la cláusula vigésimo cuarta de los contratos de licencia celebrados entre el contratista y el Estado. El Fondo está constituido por el aporte del 1.5% de la valorización de la producción fiscalizada, que debe realizar el contratista de cada lote.
La gestión del Fondo se realiza a través de una junta de administración conformada por representantes de la población del área de contrato. En el caso del Lote V y X, las juntas de administración están integradas por representantes acreditados de las organizaciones sociales y entidades de los distritos y provincias de las áreas del contrato de dichos lotes.
Las juntas de administración tendrán a su cargo la aprobación, ejecución y priorización de los proyectos de desarrollo en de la población.
El Fondo será administrado por un fideicomiso privado destinado única y exclusivamente a la ejecución de proyectos de desarrollo que contribuirán a cerrar brechas para mejorar la calidad de vida de la población del área de cada contrato.
En el caso de los lotes I, VI y VII, también ubicados en Talara, las juntas de administración se instalaron en el mes de setiembre último.
Aportes del fondo
Perupetro informó que desde que iniciaron los nuevos contratos de los lotes V y X, en octubre 2023 y mayo del 2024, respectivamente, los contratistas empezaron a realizar los aportes de 1.5% al Fondo de Desarrollo Social. Es así que el acumulado a setiembre 2024 en ambos lotes asciende a USD 1.3 millones.
El valor de estos aportes está relacionado directamente con la producción del Lote, es decir a mayor producción de hidrocarburos, mayor es el monto destinado al Fondo de Desarrollo.
Los Fondos de Desarrollo no reemplazan las obligaciones de los gobiernos locales y/o regionales, ni los programas de responsabilidad social de los contratistas.
