SNMPE sobre proyecto a favor de renovables: «Puede ser muy bueno, pero con ciertos ajustes»

Juan Miguel Cayo, presidente del Comité Eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se refirió al proyecto de ley que modifica la Ley 28832, que busca garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico, y promover la diversificación de la matriz energética.

En conversación con El Comercio, afirmó que la SNMPE está a favor del desarrollo de las energías renovables y es importante crear el espacio para que estas energías puedan contratar con el mercado regulado a través de las licitaciones que convocan las empresas distribuidoras.

Sin embargo, remarcó que “este es un proyecto de ley que puede ser muy malo si se aprueba, cómo está, o puede ser muy bueno, pero con ciertos ajustes”, pues el proyecto, tal como está escrito, tiene dos elementos que afectan particularmente a las empresas de distribución.

Con relación al primer problema, precisó que el proyecto de ley obliga a las distribuidoras a establecer un plan vinculante a 10 años y que este sea contratado “forzosamente”, aspecto que podría introducir un riesgo “muy grande” de sobrecontratación.

“Es casi imposible estimar cuál va a ser el comportamiento de la demanda de aquí a 10 años y es más complicado que te obliguen a contratar todo eso. Ese es un tema que afecta a las distribuidoras públicas y privadas”, explicó.

Respecto al segundo, comentó que el proyecto perjudica a las distribuidoras al limitar los contratos bilaterales, los cuales son típicamente de corto plazo y se utilizan para ajustar desequilibrios de oferta y demanda.

“El usuario regulado también [se vería afectado], en la medida en que se afecten los contratos bilaterales porque vería limitado su acceso al ahorro que le corresponde por el 50% de descuento que obtienen las distribuidoras en estos contratos”, pormenorizó.

Explayó que el proyecto debería incorporar la prórroga del régimen de depreciación acelerada para las energías renovables, el cual culmina el 31 de diciembre de 2025.

“Si esta ley pretende incentivar la inversión en energías renovables, ese sería un elemento importante a introducir. El régimen de depreciación acelerada permite acelerar la rentabilidad de los proyectos”, sugirió.

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