Desde el 26 de mayo, la comunidad achuar de José Olaya, ubicada en el distrito de Trompeteros en Loreto, se encuentra en medida de fuerza frente al «silencio e inacción» de Perupetro y Petroperú ante 13 derrames de petróleo que datan desde el año 2020.
Alegan que las emergencias ambientales fueron denunciadas desde que Perupetro inició su cargo en la concesión del Lote 192 en 2020, pero los impactos continuaron desde febrero del 2023, bajo la administración de Petroperú, actual socio de la operadora Altamesa Energy.
«La comunidad y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuencas del Corrientes (FECONACOR) han señalado que no están en contra de la actividad petrolera y no exigen más que el inicio de la limpieza y remediación del territorio contaminado antes de reactivar el Lote 192 (ex Lote 1AB), tal y como figura en el contrato», dice la nota de publicada por el Observatoriopetrolero.org.
Según la citada información, Altamesa Energy fue convocado a una reunión en la comunidad José Olaya, registrada el sábado 1 de junio, donde mencionó no poder hacer nada frente a las demandas indígenas. La empresa señala que no son responsables de los derrames mencionados. Sin embargo, propusieron ser mediadores y convocar a los demás actores para que brinden una respuesta clara.
Han pasado 13 días desde aquella reunión y algunos más desde la medida de fuerza que impide el ingreso de contratistas a la jurisdicción. La incertidumbre se mantiene al no haber una fecha confirmada de un próximo encuentro que también debería contar con la asistencia del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), sector que tiene pendiente dar respuestas sobre el proceso de remediación ambiental en la zona.
La comunidad José Olaya ha expresado que no levantarán la medida de fuerza hasta que los responsables de las emergencias ambientales cumplan con los acuerdos. Finalmente, también se suma la exigencia a Altamesa Energy para liderar una nueva negociación de precios con las empresas comunales y un cronograma de atención a este tipo de eventos.