Si bien el anterior titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, había incluido al proyecto del SIT-Gas (ex Gasoducto Sur Peruano) como una de las alternativas para proveer de gas natural al sur del país, el nuevo titular de la cartera, Rómulo Mucho, habla de “analizar” esa iniciativa estatal.
El contrato para desarrollar el ducto, suscrito por un consorcio integrado por Odebrecht, Enagas Internacional y Graña y Montero, durante el gobierno de Ollanta Humala, fue rescindido a inicios del 2017, cuando tenía un avance del 37% tras conocerse el escándalo por el caso Lava Jato que involucró a la firma brasileña.
Luego, en los gobiernos posteriores, se encargó al Minem reformular el proyecto trunco, y tras varios estudios encargados a consultoras internacionales, finalmente se encargó a ProInversión su promoción, aunque hasta ahora la agencia no ha definido su cronograma para su licitación.
En tanto, dos miembros del citado consorcio, Enagas primero, y luego Odebrecht, demandaron al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para que este le reconozca una inversión que estimaron en cerca de US$ 2,000 millones, que incluían – entre otros – el avance en su construcción más la adquisición de los respectivos activos.
Al respecto, el Ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, dijo que se trata de un proyecto muy complejo. Y recuerda que esto se advirtió desde el inicio, cuando se hablaba del GSP y se le asignó un presupuesto inicial de cerca de US$7,500 millones.
Si bien el Minem redefinió el proyecto – el GSP – en el Sistema Integrado de Transporte de Gas – Zona Sur del Perú (SIT-Gas), con una inversión menor de US$4.320 millones, el ministro objetó que se trata de una iniciativa con menos capacidad que el inicialmente proyectado (sin ramales desde el ducto troncal a ciudades del sur).
“Habrá nuevamente que analizar a fondo (ese proyecto), porque los tubos (que lo conforman) ya están comprados”, aseveró.
En ese sentido, el ministro precisó que al Estado le cuesta cerca de US$ 80 millones al año resguardar esos activos. Y que, aún así, los materiales se deterioran.
